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Juez federal emitirá fallo sobre ley migratoria de Carolina del Sur

14 Noviembre 2012 - 06:22 am
Foto: Licencia Creative Commons.
Un juez federal que escuchó el martes argumentos a favor y en contra de la ley de inmigración SB20.

El magistrado Richard Gergel emitirá en los próximos días su fallo sobre la controvertida legislación de Carolina del Sur.

En una audiencia con abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Departamento de Justicia federal y la Fiscalía estatal, Gergel repasó cada aspecto de la legislación, que fue moldeada en base a la SB1070 de Arizona.

Gergel dedicó largo tiempo a analizar la disposición de la SB20 de permitir a los oficiales revisar el estatus migratorio de una persona detenida por otro delito estatal, la cual no se ha podido aplicar desde que entró en vigor la ley en enero pasado.

Tampoco se pueden aplicar otras cláusulas como la referente a la obligación de las personas de portar sus documentos migratorios y la que convertiría en delito el transporte de personas indocumentadas.

La gobernadora del estado, Nikki Haley, firmó la SB20 el pasado 27 de junio de 2011 después de su aprobación en las dos cámaras legislativas de Carolina del Sur, convirtiéndola en una de las leyes migratorias más severas del país.

La mayor diferencia con respecto a las otras leyes similares como la de Alabama, Arizona y Georgia, es que la de Carolina del Sur incluye la creación de una Unidad Estatal del Cumplimiento de las Leyes de Inmigración, una especie de policía local para detener a indocumentados.

La unidad comenzó a operar el pasado mes de junio y Haley la ha considerado "exitosa", aunque los siete agentes que la componen no tienen autoridad para cuestionar la presencia legal de un inmigrante.

Sin embargo, y a pesar de que el Tribunal Supremo dictaminó este año que gran parte de la ley SB1070 era inconstitucional, permitió que se mantuviera la práctica de "muéstreme sus papeles".

Por este motivo, Gergel decidió que analizaría con "más detalle" la manera en que estaba escrita la disposición en Carolina del Sur.

"Unos 38 minutos de detención es razonable pero no 90. Violaría la Cuarta enmienda de la Constitución que protege a las personas contra detenciones arbitrarias. Me preocupa que el fiscal general del estado estime que la revisión del estatus migratorio podría tardar hasta 81 minutos", afirmó Gergel.

Roberto Belén, uno de los demandantes en contra de la SB20, afirmó hoy a Efe que el juez se mostró "muy favorable" a los argumentos de la coalición de organizaciones que se unieron para demandar y detener esta ley.

"El magistrado ya comenzó a escribir su fallo, pero hoy quería volver a escuchar ambas posiciones. Como de costumbre, estaba muy preparado", explicó el puertorriqueño.

Tammy Besherse, abogada del Centro de Justicia Legal Applessed, que ha estado envuelta desde el inicio de la demanda contra la ley, explicó hoy a Efe que "claramente la ley SB20 viola los derechos civiles de las personas cuando son detenidas por largos periodos de tiempo".

"También sabemos que la legislación incita al perfil racial pero para probar esa parte los afectados deben dar a conocer sus casos a las organizaciones que defienden a los inmigrantes", apuntó la abogada.

Independientemente de la decisión del juez, Belén apuntó que hay inmigrantes, especialmente aquellos que viven en zonas donde las cárceles locales operan el programa de inmigración 287g, que identifica a los sin papeles, que son "acosados" por las autoridades.

"Ojalá que con el nuevo ambiente político que se vive en el país se pueda llegar a un acuerdo para una reforma migratoria y detener a los estados en la aplicación de leyes federales que no les competen", concluyó Belén.

Precisamente el senador de este estado Lindsey Graham, quien retiró el año pasado su apoyo a la reforma migratoria, ha vuelto hablar de la necesidad de ofrecer una solución al problema de los cerca de 11 millones de indocumentados, de los cuales unos 55.000 viven en Carolina del Sur, según cifras del Centro Pew.

 

Colaboración EFE

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